Once relatores especiales de la ONU alertaron sobre la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, por sus graves impactos ambientales y en derechos humanos. La misiva, dirigida a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, así como a las empresas Proman y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), y al banco KfW IPEX-Bank, cuestiona la falta de consulta previa al pueblo indígena mayo-yoreme y las amenazas a un humedal Ramsar. El proyecto, con inversión de mil 250 millones de dólares, prevé producir dos mil 200 toneladas diarias del químico, pero genera oposición desde 2015 por el movimiento ¡Aquí No!, que denuncia hostigamientos contra defensores como Claudia Susana Quintero Sandoval.
El ecosistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2005, enfrenta destrucción de más de 500 toneladas anuales de larvas de camarón, lo que afecta a tres mil pescadores en las bahías de Ohuira y Topolobampo. Además, la planta succionará dos mil metros cúbicos de agua marina por hora, elevando la temperatura local en tres grados centígrados y alterando hábitats de manglares, delfines, tortugas y aves migratorias en peligro de extinción. El estudio de riesgo ambiental de GPO admite que una fuga de cinco minutos liberaría una nube tóxica de 45 kilómetros, con peligro inmediato para la salud de 400 mil personas y la cadena trófica marina.
Los relatores, entre ellos Albert K. Barume sobre derechos indígenas y Astrid Puentes Riaño sobre ambiente sano, formularon 15 requerimientos al gobierno mexicano, como proteger a defensores sin represalias, realizar evaluaciones independientes de impactos y garantizar consentimiento libre e informado conforme al Convenio 169 de la OIT. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y más de 40 grupos exigen detener la obra, que inició tras fallos judiciales divididos en 2022, y presentaron el caso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigación y reparación integral. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene vigilancia, pero persisten demandas de reubicación para preservar la subsistencia pesquera y cultural de las comunidades.
