La ministra Lenia Batres planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con un recurso excepcional para revisar o nulificar sentencias firmes que considera fraudulentas, pese a que ello contradice el principio de cosa juzgada establecido en el artículo 17 constitucional. Durante su intervención en la Segunda Sala, Batres lamentó que el máximo tribunal “no podía o no quería hacer absolutamente nada” ante fallos viciados que pasaron “por nuestras narices”.
Entre los casos citados destacan la pérdida fraudulenta de parcelas ejidales sin acta de asamblea, la condena al gobierno de Puebla por pagar 250 millones de pesos a una empresa que nunca construyó un libramiento y el reclamo absurdo de 65 mil millones de pesos que un municipio chiapaneco de nueva creación exigió a la CFE por una presa ubicada fuera de su territorio. En todos ellos, la Corte se abstuvo de revocar las resoluciones por respeto a la legalidad formal.
Batres, quien se autodenomina “ministra del pueblo”, insistió en que el sistema de justicia permite estos fraudes y urgió un mecanismo extraordinario que, con absoluta excepcionalidad, proteja la certeza jurídica sin sacrificar la justicia material ni las expectativas ciudadanas en la Constitución.
