El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el martes que el expresidente Jair Bolsonaro inicie el cumplimiento de su condena de 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado contra la democracia. La decisión del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, certificó que se agotaron todos los recursos de apelación, lo que confirmó la sentencia impuesta en septiembre por una trama que buscaba anular las elecciones de 2022 e impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, de 70 años, permanece en una celda de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal de Brasilia, equipada con frigobar, aire acondicionado y televisor, donde recibe atención médica constante por sus problemas de salud.
La condena deriva de un plan que incluía declarar un estado de excepción, fomentar una insurrección y asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio Moraes, aunque el complot falló por la falta de apoyo de altos mandos militares. Además de Bolsonaro, seis aliados recibieron penas de entre 16 y 24 años: los generales Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, el almirante Almir Garnier, el exministro Walter Braga Netto y otros exfuncionarios, quienes cumplen en instalaciones militares o penitenciarias. La defensa del exmandatario rechazó la resolución como «sorprendente» y anunció nuevos recursos por su frágil estado, derivado de secuelas de un apuñalamiento en 2018, pero el tribunal desestimó argumentos como alucinaciones inducidas por medicamentos tras el incidente con su tobillera electrónica el sábado anterior.
Manifestantes se congregaron frente a la sede policial en Brasilia, donde partidarios exigieron la liberación de Bolsonaro mientras detractores celebraron con champán la preservación de las instituciones democráticas. El ministro de Defensa, José Múcio, enfatizó que el proceso cierra un ciclo doloroso de responsabilidad penal y fortalece el Estado de derecho en el país. Lula, por su parte, aclaró que la detención no vincula presiones externas, como las tarifas impuestas inicialmente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien retiró parcialmente las sanciones tras una reunión con el mandatario brasileño en octubre. Este caso marca la cuarta vez que un ex presidente de Brasil enfrenta prisión desde el fin de la dictadura militar en 1985.
