Trabajadores del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, afiliados a la Sección XXV del SNTISSSTE, llevaron a cabo una movilización este miércoles para denunciar el colapso de la infraestructura y la falta de atención médica adecuada. Encabezados por el delegado sindical José Manuel Andrade Rafael, los empleados destacaron problemas persistentes como fugas de agua en el área de cocina, originadas en ductos de baños, que han permanecido sin reparación durante tres semanas, impidiendo la preparación y distribución de alimentos en condiciones seguras. Además, señalaron fallas en estufones y un reciente incendio por fuga de gas, lo que genera incertidumbre y riesgos para el personal y pacientes.
En paralelo, la protesta subrayó deficiencias en servicios clave, como el quirófano, donde se reportaron complicaciones con el sistema de aire y sellos de inoperabilidad colocados por la COFEPRIS, que fueron ignorados mediante indicaciones informales sin respaldo oficial. Un oficio de la doctora Verónica responsabiliza a la administradora por el mal funcionamiento de estas áreas. En oncología y quimioterapia, la atención se ve comprometida por sobrecarga laboral: un médico renunció al argumentar que manejar 40 consultas diarias impide una atención de calidad, mientras que la falta de diagnósticos adecuados retrasa la entrega de medicamentos. Esto se suma a la escasez de insumos básicos, como paracetamol en pediatría, obligando a pacientes a adquirirlos por su cuenta, y fugas de oxígeno en zonas de camas que no recibieron mantenimiento oportuno.
A pesar de las reiteradas solicitudes a las autoridades, los trabajadores lamentan la ausencia de respuestas concretas y la presencia de personal jurídico que, en lugar de resolver, ha intentado intimidar. Andrade Rafael enfatizó que el hospital opera por debajo de su capacidad, con solo 40 camas disponibles pero picos de hasta 90 pacientes, exacerbando la presión sobre el escaso personal médico y de enfermería. Esta situación ha derivado en agresiones contra el equipo de salud, lo que pone en riesgo no solo la atención a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, sino la integridad de los propios trabajadores. La movilización busca presionar por soluciones inmediatas, advirtiendo que áreas como oncología podrían cerrar si no se actúa pronto.
