Para reconocer a las personas de talla baja dentro del marco constitucional, la diputada Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano presentó ante el Congreso local un Proyecto de Decreto, que garantice su inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Con la adición del párrafo 33 al artículo 12 se establece que el Estado impulsará acciones específicas como la definición legal de la condición de talla baja como motivo de no discriminación; la generación y actualización de datos estadísticos diferenciados que permitan visibilizar a este grupo poblacional; el diseño de políticas públicas específicas en salud, educación, movilidad, empleo y cultura; y la implementación de estructura adecuada y digna para personas con estatura de hasta 1.40 metros.
En este sentido se encuentra la adopción del concepto internacional de “escalón universal” como medida de accesibilidad, un mecanismo que consta de un soporte de tres peldaños de 10 cm cada uno y la capacidad de resistir hasta 150 kg. Su implementación requeriría de ajustes razonables en transporte, mobiliario urbano, así como espacios públicos y privados.
Al abordar su propuesta durante la Sesión Ordinaria del pasado 18 de noviembre, la promovente señaló que, a pesar de que el trastorno o condición de talla baja fue incorporado en la legislación local en el concepto de Personas con Discapacidad, aún persisten barreras para la atención integral de este sector de la población, por lo que es necesario implementar políticas públicas con un enfoque en derechos humanos e inclusión para fortalecer su participación plena en la sociedad.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se estima que en México hay más de 11 mil personas con acondroplasia y otras condiciones genéticas que resulten en talla baja, que enfrentan obstáculos significativos para acceder a servicios, oportunidades y espacios públicos en condiciones de igualdad; mientras que en Oaxaca no hay registros públicos que detallen el número exacto de personas con esta condición.
Asimismo, indicó que una ciudad verdaderamente inclusiva debe superar el modelo tradicional y apostar por un diseño universal que contemple a todas las personas, y que la accesibilidad urbana es más que quitar obstáculos para personas con discapacidad, pues el objetivo real es adoptar un diseño universal que garantice el uso y disfrute de los espacios públicos con total autonomía e igualdad sin importar la condición física.
El Proyecto de Decreto fue enviado a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente.
