Demora el Gobierno peruano la entrega del salvoconducto solicitado por México para Betssy Chávez, procesada por rebelión en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Con Chávez refugiada en la embajada mexicana desde inicios de noviembre, el canciller Hugo de Zela anuncia consultas regionales ante la Organización de Estados Americanos. De esta forma, Perú busca adecuar la Convención de Caracas de 1954 a la realidad actual y evitar tergiversaciones del asilo diplomático.
Persiste Chávez en la sede diplomática mexicana en Lima, sin posibilidad de salida hacia México hasta resolver la solicitud. Ante el pedido formal de salvoconducto, el Ejecutivo opta por postergar su respuesta y llevar la propuesta de reforma a Washington en diciembre. Por ello, el presidente José Jerí ratifica que la exfuncionaria no abandonará el país en tanto no concluyan las gestiones internacionales.
Enfrenta Chávez un juicio oral con solicitud fiscal de prisión preventiva por incumplir restricciones judiciales, además de una pena pedida de hasta 25 años. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, motivada por el asilo concedido sin consulta previa sobre su situación penal, el caso agrava la tensión bilateral. Con el Parlamento peruano declarando persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, el impasse se prolonga indefinidamente en la embajada.
