La cadena inicia en puertos clave donde bandas ocultan electrónicos, ropa falsificada y medicinas apócrifas entre cargas legales para burlar inspecciones mínimas de la Aduana mexicana. Según expertos de Crime Stoppers, la cooperación internacional falla ante la omisión local que permite el flujo ininterrumpido hacia nodos como San Juan de Dios en Guadalajara. El Observatorio Nacional Ciudadano denuncia la complicidad de policías que ignoran estos centros de acopio pese a evidencias claras de operaciones estructuradas como empresas criminales.
Desde estos mercados, mayoristas transportan la carga a través de rutas terrestres hacia bodegas periféricas donde se fracciona para envíos locales en camionetas discretas. El general retirado Juan Carlos Buitrago detalla roles definidos en importación, almacenamiento y logística que rivalizan con el narcotráfico en eficiencia. En 2024, operativos federales en Ensenada y Ciudad de México incautaron mercancía por 500 millones de pesos, pero la red persiste con subvaluaciones técnicas que evaden aranceles del 15 al 35 por ciento en textiles.
El tramo final llega a miles de tienditas en Guerrero y Culiacán, donde el crimen obliga ventas de cigarros a 30 pesos contra 70 legales y controla pollo o cerveza mediante represalias directas. Cuauhtémoc Rivera de la ANPEC alerta sobre la presión que asfixia al comercio formal y eleva el consumo ilegal de cigarros al 23.9 por ciento en Guadalajara entre 2017 y 2023. Estudios del Colmex revelan márgenes de ganancia del 75 por ciento para criminales, mientras autoridades destruyen decomisos para disuadir importaciones futuras desde China y Vietnam.
