Reportero oaxaqueño Cuitlahuac López denunció que, a siete meses de la agresión sufrida en su domicilio por elementos de la Fiscalía General del Estado, no ha habido avances significativos en la investigación ni en la reparación de daños. La incursión, que se presentó como un cateo, carece de documentación que avale una orden judicial, según el expediente de la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la cual fue rechazada por la Fiscalía. López ha sido citado en tres ocasiones por la institución, donde se han entregado documentos detallando los perjuicios al inmueble, como roturas en puertas, chapas y una estructura externa, así como robos de aparatos electrónicos, cámaras de videovigilancia y dos DVR valorados en aproximadamente 120 mil pesos, sumando un total estimado de 350 mil pesos en daños.
A pesar de ello, la Fiscalía solo ha cubierto las radiografías médicas, un par de lentes y dos terceras partes de los perjuicios al inmueble, dejando pendiente el resto. Además, aunque se mencionó la suspensión temporal de tres elementos involucrados desde marzo, López ha observado a la mayoría de los identificados en el operativo continuando en activo, sin claridad sobre el fin de la investigación interna o posibles sanciones. Esta situación ha generado frustración en la familia, que esperó resolución a través de trámites con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla y autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, sin resultados concretos.
Ante la inacción, López y su familia planean trasladarse a la Ciudad de México para denunciar públicamente el caso, exigiendo no solo la compensación total, sino una disculpa pública del fiscal general en el sitio de la agresión, para destacar las condiciones precarias en la zona. También reclaman el cumplimiento de promesas como la limpieza de la calle y la instalación de un módulo de seguridad, acordadas en reuniones previas con el ayuntamiento y la Fiscalía, pero ignoradas hasta ahora. Bajo el mandato del gobernador Salomón Jara, el caso resalta la falta de accountability en instituciones estatales, dejando en incertidumbre quién autorizó la operación y por qué persiste la impunidad.
