Trabajadores y representantes de empresas de transporte urbano en Oaxaca, como Choferes del Sur y La Tajo, se manifestaron frente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para interponer una queja colectiva e individual contra el gobierno estatal. La protesta surge ante la implementación de minibuses por parte de la administración del gobernador Salomón Jara, que según los afectados, se superponen a sus rutas establecidas y amenazan sus fuentes de empleo.
Manuel Hernández, socio de Choferes del Sur, explicó que esta medida lesiona los derechos laborales de los choferes, al no renovar las concesiones pese a cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Además, denunciaron hostigamiento por parte de tránsito estatal y municipal, así como violaciones a convenios previos y reformas legales que no los incluyeron en la consulta.
En consecuencia, los transportistas exigen la intervención de la DDHPO para analizar estas irregularidades, incluyendo el uso de fondos públicos que generan una competencia desleal. Hernández detalló que han propuesto renovar su parque vehicular como alternativa para seguir operando y apoyar a la ciudadanía, pero han recibido solo dilaciones. El gobierno ha anunciado unilateralmente que las unidades actuales saldrán de circulación a partir de enero, lo que intensifica la incertidumbre. La comisión que presentó la queja espera una respuesta pronta y, de no obtenerla, planea escalar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mayor respaldo.
