En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revela que Oaxaca podría requerir entre 51 y 96 años para eliminar por completo esta problemática, si México sostiene su ritmo actual de reducción. El estudio, basado en datos nacionales, proyecta que la meta de reducir la pobreza a la mitad se alcanzaría entre 2035 y 2038 en entidades como Oaxaca, Durango, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, llevarla a menos del 2% de la población demandaría casi un siglo en el caso oaxaqueño, lo que resalta un rezago persistente en comparación con estados del norte como Baja California, Coahuila, Nuevo León y Sonora, donde el proceso podría completarse en menos de 25 años.
A nivel nacional, el informe estima que México cumpliría con la reducción a la mitad hacia 2030, pero necesitaría 57 años adicionales, hasta 2082, para su erradicación total. El panorama se agrava en grupos vulnerables: 62 años para jóvenes, 84 para niños y niñas, y hasta 151 para la población indígena. Estados como Guerrero, Chiapas y Campeche enfrentan proyecciones superiores a un siglo, mientras que la organización califica de «inadmisible» esperar décadas y propone acelerar el cambio mediante diez rutas de políticas públicas integradas.
Entre estas propuestas destacan el fomento de empresas de economía social en comunidades indígenas y rurales, con énfasis en créditos productivos en vez de subsidios; la garantía de nutrición y cuidados para la primera infancia, donde los menores de 0 a 5 años sufren un 72% más de pobreza que los adultos mayores; y el fortalecimiento educativo en zonas marginadas. Además, se sugiere una estrategia de primer empleo con capacitación para jóvenes, un sistema nacional de cuidados para mitigar la brecha de género —ya que la pobreza es siete veces mayor en mujeres dedicadas a tareas domésticas—, y la adopción de un salario mínimo equivalente a dos canastas básicas, junto a un salario digno voluntario de 13 mil 400 pesos mensuales en medianas y grandes empresas.
Otras rutas incluyen un régimen especial de seguridad social para trabajadores del campo y microempresas, así como la incorporación de la perspectiva climática en políticas sociales, considerando que en 2024 fenómenos ambientales impactaron a 5.8 millones de hogares de bajos ingresos. El colectivo urge a revisar el Presupuesto 2026 para corregir exclusiones en programas de transferencias, que dejan fuera al 60% de la población en pobreza extrema, y concluye que decisiones concretas podrían acortar drásticamente estos plazos.
Vía «El imparcial»
