El Senado uruguayo sancionó la Ley de Muerte Digna, que despenaliza la eutanasia para mayores de edad en etapa terminal de enfermedades incurables o con sufrimientos insoportables. Con 20 votos a favor de 31, el proyecto impulsado por el Frente Amplio culmina un debate de cinco años y ratifica la media sanción de Diputados en agosto. Uruguay se posiciona como pionero en América Latina al regular esta práctica por vía legislativa, tras Colombia y Ecuador vía judiciales.
La norma exige solicitud escrita del paciente, aval de dos médicos que certifiquen aptitud psíquica, y ejecución por profesional de la salud, sin incluir suicidio asistido ni menores de edad. Extranjeros residentes podrán acceder al procedimiento, que garantiza una muerte indolora y revocable en cualquier momento. El Ejecutivo dispondrá de 90 días para reglamentar la Comisión Honoraria de Revisión, integrada por el Ministerio de Salud, Colegio Médico y otros entes.
La vicepresidenta Carolina Cosse calificó la aprobación como un hito que reafirma la dignidad y libertad individual, mientras Beatriz Gelós, con ELA desde hace 19 años, la describió como «una ley de compasión». El presidente Yamandú Orsi respaldó la iniciativa, que refleja el apoyo mayoritario de la sociedad uruguaya según encuestas. La Iglesia Católica expresó oposición, aunque la secularización del país mitiga resistencias históricas.
