Con 32 votos a favor, la LXVI Legislatura de Oaxaca aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, propuesta por el gobernador Salomón Jara Cruz. Esta legislación posiciona a Oaxaca como el quinto estado en México con un marco legal específico para proteger a las personas afectadas por este fenómeno, prevenir su ocurrencia y garantizar una reparación integral. La norma, que consta de 11 capítulos y 84 artículos, será aplicada por autoridades estatales y municipales según sus competencias, buscando visibilizar y atender una problemática que en 2019 colocó a la entidad en el segundo lugar nacional por número de personas desplazadas, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La ley surge de un proceso participativo que incluyó consultas con pueblos indígenas y afromexicanos, autoridades municipales y organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estas contribuciones enriquecieron el dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes de Gobierno y Asuntos Agrarios, y de Derechos Humanos, asegurando que la normativa refleje las necesidades y cosmovisión de las comunidades afectadas.
Además, la legislación crea el Registro de Personas en Desplazamiento Forzado Interno, una herramienta clave para identificar a las víctimas, conocer sus necesidades y coordinar acciones de asistencia humanitaria. Asimismo, se establece el Consejo para la Prevención, Protección, Asistencia, Reparación Integral y Soluciones Duraderas, un órgano interinstitucional que operará el Programa Estatal correspondiente. Este programa definirá acciones a corto, mediano y largo plazo para abordar el desplazamiento forzado, un paso crucial para garantizar soluciones duraderas a esta problemática en Oaxaca.
