Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, detalló la iniciativa que Claudia Sheinbaum envió al Congreso para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. Esta propuesta busca garantizar el derecho humano al recurso hídrico en todo el territorio nacional. El esfuerzo forma parte de la Cuarta Transformación y prioriza un manejo equitativo sobre visiones mercantilistas del pasado.
Desde diciembre de 2024, el Gobierno Federal dialogó con los 32 gobiernos estatales, municipios y demarcaciones territoriales, así como con académicos, expertos y organizaciones civiles, para elaborar las propuestas legislativas. En febrero y marzo de 2025, se celebraron foros en las 13 regiones hidrológicas del país, donde participaron instituciones públicas y privadas, usuarios locales, comunidades indígenas y afromexicanas, entre otros actores. Estas consultas transformaron el régimen hídrico de México hacia un enfoque participativo y garantista.
La nueva ley establece un marco jurídico integral que obliga a los tres órdenes de gobierno a planear y gestionar el agua para usos domésticos y personales, con énfasis en la participación ciudadana. Se diseñará una estrategia nacional hídrica para diagnosticar y evaluar políticas a largo plazo, mientras se regulará la captación de agua pluvial en obras públicas y privadas. Además, se promoverá una cultura del agua, se reconocerán sistemas comunitarios sin fines de lucro y se fijarán requisitos mínimos para operadores, reorientando la Ley de Aguas Nacionales hacia objetivos que eleven la calidad de vida de la población.
