Oaxaca reportó tres feminicidios en agosto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que eleva el acumulado a 13 casos en los primeros ocho meses de 2025. Estos datos destacan que la mayoría de los incidentes se concentraron en la región del Istmo de Tehuantepec, una zona con alta incidencia de violencia de género. En cuanto a los métodos utilizados, dos involucraron armas de fuego, cuatro armas blancas y siete otros elementos no especificados, lo que refleja patrones variados en los ataques. Por distribución mensual, febrero y junio no registraron casos, mientras que enero y marzo tuvieron uno cada uno; mayo sumó dos; y abril, julio y agosto, tres por mes, mostrando un incremento sostenido en periodos recientes.
Por su parte, el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) ofrece una perspectiva más amplia mediante su seguimiento hemerográfico, que contabilizó 56 asesinatos violentos de mujeres en el mismo lapso. Esta cifra, superior a los reportes oficiales, subraya posibles subregistros en las estadísticas gubernamentales. Los casos se distribuyeron así: ocho en enero, tres en febrero, seis en marzo, diez en abril, ocho en mayo, seis en junio, ocho en julio y siete en agosto, con picos notables en abril y julio. Regionalmente, el 30% ocurrió en el Istmo de Tehuantepec, seguido del 22% en Valles Centrales, 17% en la Costa, 13% en la Sierra Sur, y un 6% tanto en la Cuenca del Papaloapan como en la Sierra Norte, con el resto disperso en porcentajes menores.
Además, GESMujer identificó que los cuerpos fueron localizados principalmente en domicilios, seguido de la vía pública, lo que apunta a entornos cotidianos como focos de riesgo. En términos de edad, las víctimas abarcaron desde menores de 12 años hasta mayores de 60, aunque predominaron las de 19 a 29 años y, en segundo lugar, las de 30 a 44, revelando una vulnerabilidad acentuada en mujeres jóvenes y adultas. Estas cifras invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer medidas preventivas y de investigación en el estado, donde la violencia contra las mujeres persiste como un desafío estructural.
