Vidulfo Rosales Sierra, conocido por su labor como abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se integró al equipo de trabajo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con un salario de 118 mil pesos mensuales. La incorporación se formalizó tras su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde representó a las familias de los estudiantes desaparecidos en 2014 durante casi 11 años. Su nuevo rol en la Corte se centra en colaborar en temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, según confirmaron fuentes cercanas al máximo tribunal.
Rosales, originario de Totomixtlahuaca, Guerrero, dejó Tlachinollan por motivos personales y de salud, según declaró en agosto de 2025, aunque su participación en reuniones previas con los nuevos ministros de la SCJN ya anticipaba su posible integración. A pesar de que inicialmente negó un acuerdo formal, su presencia en los preparativos para la toma de protesta de los ministros electos el 1 de septiembre confirmó las especulaciones. Su trayectoria incluye la defensa de casos emblemáticos como las violaciones a Inés Fernández y Valentina Rosendo por parte de militares, así como la anulación del proyecto hidroeléctrico La Parota en 2007.
La llegada de Rosales a la SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, ocurre en el contexto de la reciente reforma judicial, que renovó el máximo tribunal con ministros electos por voto popular. Su salario de 118 mil pesos netos al mes se alinea con los ajustes realizados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que redujo los sueldos de los ministros a 137 mil 582 pesos netos para cumplir con el tope salarial establecido por la Constitución, menor al de la presidenta Claudia Sheinbaum. La incorporación de Rosales refuerza el enfoque de la nueva Corte en los derechos indígenas, aunque persisten dudas sobre los detalles de su rol específico.
