Por Óscar García
En un acto calificado como histórico, la coordinadora para la Atención de Derechos Humanos en Oaxaca, Flor Estela Morales, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Giovanni Lepri, presentaron la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca.
Morales recordó que fue en 2019, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el Estado mexicano reconoció por primera vez la existencia del desplazamiento forzado interno, fenómeno que durante décadas permaneció invisible en la agenda pública.
Subrayó que en 2024, bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz, se llevó a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Dicho ejercicio incluyó 52 foros y reuniones en 19 municipios de las ocho regiones del estado y en la Ciudad de México, con la participación como observadoras de tres agencias de la ONU, lo que garantizó un proceso plural e incluyente.
El 10 de diciembre de 2024, Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobernador Jara presentó ante el Congreso local la iniciativa de ley, elaborada con base en las cosmovisiones de los pueblos originarios de Oaxaca. Una vez publicada en el Periódico Oficial, la norma entrará en vigor y, de acuerdo con Morales, “se convertirá en un referente internacional”.
La funcionaria adelantó que se impulsarán capacitaciones para servidores públicos, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de la ley. Asimismo, destacó la donación de un software especializado para el registro y seguimiento de personas desplazadas, además del acompañamiento internacional mediante visitas oficiales de Naciones Unidas que darán seguimiento a los avances.
En su intervención, Giovanni Lepri informó que este jueves visitarán la comunidad de Guadalupe Victoria, en la región Mixe, donde sostendrán un encuentro con familias desplazadas.
Con esta normativa, Oaxaca se coloca como estado pionero en el país en la atención al desplazamiento forzado interno, un problema que afecta a cientos de personas en la entidad y a miles en el territorio nacional.
