Los municipios de Navolato y San Ignacio, en Sinaloa, cancelaron las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre debido a la escalada de violencia atribuida a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, según informó el medio Milenio. En Navolato, las autoridades reportaron dos homicidios en las comunidades de La Cofradía de La Loma y Sataya, además de otros cuatro en la capital del estado, Culiacán, donde se registraron crímenes en las colonias Centro, Miguel Alemán, Agrarista Mexicana, Providencia, Plutarco Elías Calles y Costa del Sol. En San Ignacio, la falta de condiciones de seguridad llevó a la suspensión de los festejos, sumándose a la medida tomada por otros municipios como Culiacán, Ahome, Elota, Cosalá, Concordia, Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado.
La decisión en Navolato responde a los recientes episodios violentos, que incluyeron enfrentamientos armados y hallazgos de víctimas, entre ellas dos mujeres, lo que derivó en investigaciones por feminicidio. En San Ignacio, el ayuntamiento emitió un comunicado destacando que la cancelación busca garantizar la seguridad de la población, priorizando la tranquilidad ante la confrontación entre los grupos criminales conocidos como Los Chapitos y Los Mayitos. Esta situación se enmarca en una ola de violencia que inició el 9 de septiembre en Sinaloa, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, según reportes de diversos medios.
Otros estados también han suspendido festejos patrios por inseguridad. En Durango, los municipios de San Dimas y Tamazula, colindantes con Sinaloa, cancelaron sus eventos debido a la presencia de civiles armados. En Chiapas, al menos 12 municipios, como Frontera Comalapa y Chicomuselo, tomaron medidas similares por enfrentamientos entre grupos criminales. En Nuevo León, siete municipios, incluyendo Galeana y Aramberri, suspendieron las celebraciones, mientras que en Michoacán, Cotija y Jacona reportaron cancelaciones por falta de garantías de seguridad. Estas decisiones reflejan un esfuerzo conjunto de las autoridades para proteger a la ciudadanía en un contexto de creciente violencia.
