Empresarios del transporte urbano en Oaxaca, conocidos como el «pulpo camionero», se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para demandar la renovación de sus concesiones, que llevan cuatro meses vencidas. Representantes de empresas como Choferes del Sur, Urbanos de Oaxaca y Guelatao expresaron su inconformidad con los cambios unilaterales introducidos por la actual administración en el proyecto de Banobras, gestionado originalmente hace más de 12 años. Según indicaron, estas modificaciones no fueron consultadas con los concesionarios ni con Banobras, lo que genera afectaciones en diversos aspectos operativos. Con 40 años de servicio acumulado, los empresarios advierten que, de no resolverse la situación, podrían dejar de operar en las calles de la capital para diciembre, tras un retiro gradual que iniciaría en septiembre, según declaraciones de las autoridades.
A pesar de las mesas de diálogo establecidas, los transportistas consideran que los planteamientos gubernamentales no son viables ni convenientes, y dudan que el nuevo esquema cubra por completo el servicio actual. Alejandra Gómez Candiani, representante legal de Choferes del Sur y Urbanos de Oaxaca, enfatizó que las empresas involucradas representan más del 60% del transporte urbano concesionado en la zona, y que no se oponen a continuar negociando, pero insisten en obtener la certeza jurídica inmediata mediante la renovación. Además, rechazan la idea de liquidar a su plantilla laboral, que incluye más de 350 trabajadores directos y alrededor de 800 indirectos, argumentando que ni ellos ni los empleados deben sufrir las consecuencias de decisiones unilaterales. En una reciente reunión, las autoridades prometieron una solución, pero ayer no atendieron a los representantes, y hoy se espera una cita para aclarar el panorama.
Aunque no contemplan un paro de actividades para evitar perjudicar a la ciudadanía, los concesionarios destacan su compromiso con el servicio público, incluso en una posición jurídica vulnerable. Gómez Candiani subrayó que han cumplido con toda la documentación requerida, pero aún no reciben respuesta sobre el motivo del retraso. Este conflicto resalta las tensiones entre el gobierno estatal y el sector transportista, en un contexto donde la movilidad urbana es clave para la población oaxaqueña, y podría extenderse si no se logran acuerdos pronto.
