El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que la investigación sobre la red de huachicol en Tamaulipas inició en 2024 con denuncias del entonces secretario de Marina contra irregularidades de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía abrió las carpetas de inmediato y las colocó bajo control judicial para garantizar la legalidad de todas las diligencias. Ante la gravedad de los delitos, notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria y a Hacienda con el fin de integrar pruebas sólidas.
Coincidieron dos operativos en marzo de 2024, uno en Ensenada y otro en Altamira, donde la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía aseguraron depósitos masivos de combustible no declarado, lo que conectó directamente con las denuncias previas. Gertz Manero explicó que esta vinculación permitió solicitar y obtener órdenes de aprehensión ante jueces federales por ambos conjuntos de hechos. La red operaba con buques que ingresaban diésel disfrazado de aditivos para evadir impuestos, y las acciones conjuntas bloquearon cuentas y bienes por cientos de millones de pesos.
Esta madrugada, un juez federal vinculó a proceso a las 14 personas detenidas, todas relacionadas con la red excepto dos prófugas en el extranjero, y dictó prisión preventiva para la mayoría. Gertz Manero precisó que las indagatorias persisten con colaboración de la Secretaría de Marina y otras dependencias para desmantelar estructuras similares. La Fiscalía descartó nexos con otros casos, como el homicidio de un delegado en la zona, y enfatizó el avance en la recuperación de activos ilícitos.
