La organización REDRESS, con sede en Londres, denunció un patrón de violencia sexual y basada en género (VSBG) contra manifestantes en Latinoamérica. En su primer informe sobre el tema, documentó agresiones por actores estatales. Estas se registraron en países como Argentina, Chile y Colombia.
En Venezuela, durante las protestas poselectorales de 2024, agentes estatales realizaron amenazas de violación y tocamientos indebidos. También aplicaron descargas eléctricas en genitales a un hombre por ser percibido como opositor. Estas acciones buscan intimidar y silenciar a los manifestantes.
En Colombia, durante la huelga general de 2021, tres manifestantes y una periodista sufrieron agresiones sexuales. Estas ocurrieron durante requisas policiales. Las víctimas enfrentaron tocamientos y acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, en países como Honduras, México, Nicaragua y Perú, se reportaron desnudez forzada y violaciones. Estas prácticas deshumanizan a las víctimas, especialmente mujeres y personas de diversas identidades de género. Así, se desalienta su participación en protestas pacíficas.
Por su parte, REDRESS destacó la impunidad derivada de racismo, clasismo y represión política en la región. Las leyes locales suelen proteger a las fuerzas de seguridad, lo que evita la rendición de cuentas. Esto perpetúa un ciclo de violencia contra los manifestantes.
Organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que estas prácticas violan los derechos humanos. Bajo el derecho internacional, constituyen formas de tortura. Por ello, se urge a los gobiernos a investigar y sancionar a los responsables.
