Con la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, Oaxaca se convierte en la primera entidad del país en tipificar como delitos el desplazamiento arbitrario y la negativa a garantizar el retorno de las familias.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) celebró que, por unanimidad, las y los diputados del Congreso Local respaldaron el trabajo impulsado por el Gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, para la construcción de un marco normativo que atiende una deuda histórica en la materia.
Con este nuevo marco jurídico, Oaxaca es el quinto estado del país en contar con una legislación en la materia, pero la primera en elaborarla a través de un proceso de consulta.
Para ello, la CADH participó en la organización, aplicación y seguimiento de las consultas realizadas a comunidades y autoridades indígenas, afromexicanas, agrarias, personas víctimas de desplazamiento, así como con niñas, niños y adolescentes; garantizando un proceso inclusivo que recogió las voces y experiencias de los sectores afectados.
Esta nueva Ley permitirá proteger a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por causas como violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, agrarios, disputas por recursos naturales, desastres naturales y actos de discriminación, entre otros.
En representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri destacó la aprobación del marco jurídico como un paso histórico, al establecer medidas para prohibir el desplazamiento forzado y mitigar sus impactos.
Reconoció también el esfuerzo del Gobierno de Oaxaca y de la CADH por realizar 52 reuniones de trabajo en territorio, que reflejaron las necesidades de la población a través de un proceso de consulta inédito en México, acompañado técnicamente por la ACNUR.
En este proceso también se contó con el acompañamiento de las secretarías de Gobierno y de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; así como de la Coordinación de Delegados de Paz Social.
De esta manera, Oaxaca avanza en la construcción de paz en el territorio, mediante marcos regulatorios que colocan en el centro de las políticas públicas el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna.
