Por: Aylin Paredes
La Cámara de Diputados iniciará este 1 de agosto de 2025 el análisis de una nueva solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. La acusación señala al priista por presunto peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019), con un desvío estimado de 83.5 millones de pesos. Este proceso reaviva la confrontación política entre el PRI y Morena, en un contexto de acusaciones mutuas que polarizan el debate público.
Entre las pruebas presentadas, documentadas por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), destacan cuatro carpetas de investigación. Estas incluyen el uso de prestanombres para facturar servicios simulados por más de 27 millones de pesos, contratos irregulares con empresas que ofrecían asesorías inexistentes y una supuesta compra encubierta a la televisora “Mayavisión” por 14 millones de pesos. Además, el exjefe de comunicación social de Moreno, Walter “N”, está vinculado a proceso por desvío de recursos. El caso también resalta el estilo de vida del priista, con propiedades y bienes de lujo, como una mansión valuada en 300 millones de pesos y autos deportivos, que contrastan con sus declaraciones patrimoniales.
Por su parte, Moreno ha rechazado las acusaciones, calificándolas como una “persecución política” orquestada por Morena para debilitar a la oposición. En un mensaje en X, acusó al oficialismo de usar las fiscalías como herramienta de intimidación y desvío de atención. Además, presentó denuncias contra figuras de Morena, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesta “narcopolítica”. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados tiene 60 días para determinar si procede el retiro de la inmunidad procesal, en un proceso que, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, debe ceñirse estrictamente a la ley.
