Por: Aylin Paredes
México impulsa una reforma constitucional para combatir la extorsión, trasladando la responsabilidad de la denuncia de la víctima al Estado. La iniciativa, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que este delito se persiga de oficio, aliviando el riesgo que enfrentan las personas al denunciar. “La víctima somos todas y todos, por eso se propone reformar la Constitución”, afirmó la mandataria.
Esta medida, que arrancó el domingo, permitirá al Congreso emitir una ley general contra la extorsión, obligando a los estados a alinear sus legislaciones locales.
La estrategia incluye acciones concretas para agilizar la respuesta ante este delito.
En casos de extorsión telefónica, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con empresas telefónicas, podrá inhabilitar de inmediato los números utilizados por los delincuentes, gracias a la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación. Cuando la extorsión es presencial, se desplegarán unidades especializadas para investigar.
Además, se promueve el uso del número 089 para denuncias anónimas, fortaleciendo la seguridad de quienes reporten estos actos.
Con esta reforma, el gobierno busca unificar criterios en todo el país, asegurando que la extorsión sea combatida de manera efectiva y sin exponer a las víctimas.
La modificación constitucional otorgará al Congreso la facultad de establecer una legislación homogénea, marcando un paso significativo en la estrategia nacional de seguridad.
