El pasado viernes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, publicó una reforma al Código Penal estatal que ha sido calificada como ‘Ley Censura’ por organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas. La normativa introduce el delito de “ciberasedio”, que castiga con 11 meses a tres años de prisión a quien, mediante redes sociales, correo electrónico o cualquier plataforma digital, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje” a otra persona, causando daño físico o emocional. Según Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla, esta definición ambigua amenaza la libertad de expresión, pues el ejercicio de este derecho incluye discursos que pueden incomodar u ofender.
Además, la reforma incorpora delitos como “espionaje digital” y “usurpación de identidad” con redacciones vagas que, según las organizaciones, carecen de precisión técnica y violan el principio de taxatividad del derecho penal. Por ejemplo, el espionaje digital se define como la intrusión no autorizada en un sistema informático, mientras que la usurpación de identidad abarca el uso indebido de datos personales sin consentimiento. Estas disposiciones, advierten, podrían criminalizar prácticas periodísticas legítimas, como la investigación o el manejo de información pública.
En respuesta a las críticas, legisladores morenistas emitieron un desplegado exigiendo respeto y condenando las “injurias” recibidas, particularmente desde perfiles anónimos en redes sociales.
Defendieron la reforma como una medida para proteger a la ciudadanía, pero no abordaron las preocupaciones sobre su impacto en la libertad de prensa. Por su parte, Armenta convocó a foros con periodistas, organismos de derechos humanos, colegios de abogados y asociaciones de padres de familia para analizar la ley, pese a que esta ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La decisión de abrir el diálogo tras la aprobación ha generado escepticismo. Voces como la de la analista Denise Dresser han señalado la contradicción de discutir una norma ya vigente, lo que intensifica el debate sobre su legitimidad y los riesgos que representa para los derechos fundamentales en Puebla.
