La reforma judicial mexicana, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, enfrenta críticas de organismos internacionales por presuntas violaciones a tratados de derechos humanos. Tamara Taraciuk, experta en el sistema interamericano, afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) podría condenar al Estado mexicano a derogar la reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Según Taraciuk, la elección por voto popular compromete la independencia judicial y el acceso a la justicia, contraviniendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, monitorean la reforma, que incluye la elección de más de dos mil 600 cargos judiciales el 1 de junio de 2025. La Comisión de Venecia, organismo europeo del que México es parte, también expresó preocupaciones sobre la politización del Poder Judicial. Aunque los pronunciamientos de estos foros no son vinculantes, generan consenso internacional sobre los riesgos de la reforma para el Estado de derecho. Un precedente en el caso “Radilla Pacheco vs. México” obligó al país a ajustar leyes a estándares internacionales, lo que refuerza la posibilidad de una sentencia condenatoria.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) inició la recopilación de pruebas de irregularidades en la elección judicial para presentar un litigio internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar que desaconseja replicar el modelo mexicano, citando fallos en estándares legales. Juristas internacionales, como los de la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que la reforma no cumple con normas globales de justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma, pero enfrenta amparos y controversias constitucionales que buscan frenarla.
