La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el gobierno federal mantiene un seguimiento activo del caso Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971, y descartó que se archive la investigación. En el marco del aniversario de la represión estudiantil, destacó el compromiso con sobrevivientes, víctimas y familiares para esclarecer los hechos.
Rodríguez precisó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación implementa un programa integral de atención a las víctimas. Este incluye acompañamiento a familiares y sobrevivientes, así como colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en las investigaciones. Subrayó que un grupo de activistas serios y colectivos vinculados a casos de desapariciones y afectaciones a la vida participa activamente en el proceso, lo que refuerza la seriedad del esfuerzo.
La titular de Gobernación enfatizó que las personas involucradas en el seguimiento cuentan con una trayectoria sólida y experiencia en la defensa de los derechos humanos. Aseguró que el trabajo conjunto busca garantizar justicia y evitar que los hechos queden impunes, en línea con la política de memoria y verdad impulsada por el gobierno.
En respuesta a una pregunta sobre la liberación de presos políticos, Rodríguez informó que, por instrucción presidencial, se intensificó el trabajo de la mesa de amnistías y preliberaciones. Esta labor involucra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y jueces comprometidos con la liberación de personas inocentes o detenidas sin sentencia, especialmente aquellas afectadas por la criminalización de la pobreza o la falta de asesoría jurídica.
La secretaria destacó que el gobierno mantiene un enfoque de justicia social para atender casos de personas privadas de la libertad sin debido proceso. Explicó que en algunos casos los jueces criminalizan a personas en situación de vulnerabilidad, lo que motiva la revisión exhaustiva de estos expedientes. El compromiso, afirmó, es garantizar que nadie permanezca detenido injustamente por falta de recursos o representación legal.
