En Oaxaca, la defensa de los derechos humanos atraviesa un panorama crítico, marcado por agresiones a activistas, violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+, desabasto de medicamentos y violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Así lo señalaron 33 organizaciones de la sociedad civil durante la presentación del informe Situación sobre el respeto y el ejercicio de los derechos humanos en Oaxaca, elaborado por colectivos como Educa Oaxaca, Alianza Cívica Pinotepa y el Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”. Las agrupaciones subrayaron que su objetivo es proponer soluciones para garantizar una vida digna, sin confrontar al gobierno estatal.
Entre 2018 y 2023, Oaxaca registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México, con 58 de los 225 casos nacionales, según Neftalí Reyes Méndez, de Educa Oaxaca. El 95 por ciento de las víctimas eran indígenas que defendían la tierra, el territorio o derechos civiles, y casi todos los casos permanecen en la impunidad. Además, se reportaron seis desapariciones de activistas. En materia de diversidad sexual, el Observatorio de Crímenes de Odio documentó 11 casos de violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+ entre 2024 y 2025, con un 85 por ciento de personas trans afectadas por agresiones físicas, psicológicas o sexuales, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, hogar de la comunidad muxe.
Por otro lado, el sistema de salud estatal enfrenta un deterioro severo. En enero de 2025, el Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” suspendió cirugías y urgencias quirúrgicas por falta de insumos y medicamentos, limitando el acceso a servicios básicos. En el ámbito ambiental, el 70.4 por ciento de los municipios oaxaqueños sufrió sequía severa o extrema en 2024, mientras que 294 concesiones mineras, que abarcan más de 300 mil hectáreas, han generado despojo y conflictos sociales, agravados por la opacidad en los impactos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El informe cierra con diez recomendaciones, incluyendo justicia para las víctimas, la creación de un marco institucional que proteja a defensores y la eliminación de prácticas discriminatorias en el sistema de justicia. Las organizaciones instan a acciones urgentes para revertir esta crisis y garantizar el respeto a los derechos humanos en Oaxaca.
