La directora del Semanario Zeta Tijuana, Adela Navarro, reveló que Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres enfrentan investigaciones en México y Estados Unidos por presunta participación en delitos de huachicoleo, evasión fiscal y lavado de dinero. Las autoridades del Departamento de Estado de EU y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron la existencia de dos carpetas de investigación activas, una en cada país, según informó Navarro en una entrevista con Aristegui en Vivo.
La indagatoria en Estados Unidos se centra en posibles actos de conspiración para cometer delitos y lavado de dinero, mientras que en México se les vincula con un esquema de introducción ilegal de combustible a través de la aduana de Ensenada, registrado como desecho, aceite o agua para evadir impuestos. Un testigo señaló directamente a los hermanos Torres en este caso, según el Semanario Zeta. Además, un decomiso de ocho millones de litros de diésel en un predio en Ensenada, ligado a un exsenador morenista, menciona sus nombres en la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora y su esposo también marcó un punto de inflexión. A Carlos Torres se le notificó la cancelación de su tarjeta SENTRI por correo electrónico, y el 30 de abril, autoridades de EU le retiraron físicamente su visa B2, destruyéndola tras impedirle cruzar la frontera. La gobernadora recibió notificación directa del Cónsul General de EU en Tijuana. Fuentes diplomáticas indicaron que esta medida busca presionar al círculo cercano de los investigados.
Un factor clave en la decisión de revocar las visas fue la suspensión de excavaciones en un predio en Tijuana, donde el 14 de abril se descubrieron posibles narcofosas con hasta 20 cuerpos, según un detenido por narcomenudeo. Las autoridades localizaron seis cadáveres en dos etapas, pero la gobernadora ordenó detener las búsquedas, presuntamente para evitar un escándalo similar al de Teuchitlán, Jalisco. Este hecho, según Navarro, influyó en la decisión de EU, que consideró la acción como un riesgo para la seguridad en Tijuana.
Carlos Torres, quien ocupa el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos en el gobierno estatal y en el Ayuntamiento de Tijuana sin percibir sueldo, y su hermano, exadministrador de la aduana de Tijuana durante el gobierno de Felipe Calderón, enfrentan un creciente escrutinio. La gobernadora y su esposo han minimizado los hechos, calificándolos como trámites administrativos, pero no han proporcionado más detalles.
Fuentes adicionales confirman que la investigación en EU comenzó antes de la revocación de las visas, aunque las autoridades estadounidenses no han hecho públicos los detalles, limitándose a comunicar directamente con los afectados. En México, la FGR no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso. La controversia se intensifica por señalamientos previos contra la gobernadora, como una fotografía de 2019 con un presunto narcotraficante, aunque el gobierno estatal negó cualquier vínculo. La detención de las excavaciones en la fosa clandestina generó críticas por la falta de transparencia, especialmente tras la crisis del INAI, que limita el acceso a información pública.
