La administración de Donald Trump inició la imposición de restricciones de visa y sanciones a políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reveló el periodista Tim Golden en un reporte de ProPublica. La medida, confirmada por funcionarios estadounidenses bajo anonimato, apunta a decenas de figuras políticas, entre ellas líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dos políticos mexicanos reconocieron públicamente la prohibición de viajar a Estados Unidos, aunque se espera que la lista crezca.
El gobierno estadounidense elaboró esta lista con base en información de agencias de inteligencia y seguridad, que identificaron a los señalados como vinculados a la corrupción derivada del narcotráfico. Además de las restricciones de visa, el Departamento del Tesoro contempla sanciones que limiten los negocios de estas personas con empresas estadounidenses. La revisión comenzó con un equipo de la Casa Blanca liderado por Anthony Salisbury, asesor de seguridad nacional, quien solicitó datos sobre políticos, funcionarios y militares mexicanos con nexos criminales. En 2019, la Administración de Control de Drogas (DEA) recopiló información sobre 35 funcionarios mexicanos, pero la propuesta de cancelar visas no prosperó entonces por oposición de altos diplomáticos estadounidenses.
La medida se enmarca en la estrategia de Trump contra el tráfico de fentanilo, que calificó como una crisis que ha causado “cientos de miles de muertes por sobredosis” en Estados Unidos. En marzo, el presidente impuso aranceles a México, acusando al gobierno mexicano de otorgar “refugios seguros” a cárteles para fabricar y transportar drogas. También designó a varios cárteles, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas y exploró posibles acciones militares unilaterales contra ellos.
Casos específicos han avivado la controversia. Medios mexicanos reportaron la revocación de la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque su portavoz calificó la información como “no confirmada”. Villarreal ha enfrentado acusaciones de vínculos con el narcotráfico, las cuales rechazó. En abril, al alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, se le impidió cruzar a Brownsville, Texas, tras un interrogatorio de la DEA y el FBI, que lo vincularon al “huachicol fiscal”. Asimismo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres, perdieron sus visas en mayo, sin que Estados Unidos explicara los motivos, según un comunicado de la mandataria.
En México, la respuesta ha sido cautelosa. Sheinbaum fortaleció su postura al reafirmar la soberanía nacional en diálogos con Trump, aunque accedió a demandas de actuar contra narcotraficantes. La entrega de 29 capos mexicanos, como Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos en febrero refleja esta cooperación, pero no frenó las sanciones. Analistas, como Salvador García Soto en El Universal, señalan que la lista de 44 nombres, conocida como la “Lista de Marco” por el secretario de Estado Marco Rubio, incluye a políticos ligados al contrabando de combustible y financiamiento de campañas con dinero del narcotráfico, como el empresario asesinado Sergio Carmona Angulo.
La tensión bilateral escaló tras la negativa de Sheinbaum a permitir colaboración militar estadounidense, lo que intensificó las revocaciones de visas. Un reporte de inteligencia de agosto de 2024, citado por El Informador, ya anticipaba estas sanciones con un 65 por ciento de probabilidad. La falta de transparencia en los motivos de las revocaciones, amparada por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, generó críticas en México, donde se exige claridad al gobierno de Trump.
