José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó en la conferencia matutina presidencial los objetivos de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un proyecto que regula el ecosistema de telecomunicaciones en México, desde satélites hasta fibra óptica. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar acceso universal, asequible y de calidad a servicios digitales, con énfasis en reducir la brecha digital que afecta a cerca de 25 millones de mexicanos. Peña Merino destacó que la ley abarca la transmisión de información a través de infraestructura como antenas, torres, cables de fibra óptica y satélites, los cuales conectan dispositivos como celulares y computadoras para servicios de internet, telefonía, televisión y radio.
La reforma otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, creada en noviembre de 2024 tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la facultad de administrar el espectro radioeléctrico, otorgar concesiones, supervisar la interconexión de redes y regular la calidad de servicios. También establece la gestión de posiciones orbitales para satélites y promueve la compartición de infraestructura, como torres, entre empresas. Peña Merino subrayó que la legislación protege los derechos de audiencias y usuarios, asegurando contenidos no discriminatorios en televisión abierta y sanciones por incumplimientos en el uso o acceso a la infraestructura.
El proyecto, aprobado en comisiones del Senado el 24 de abril de 2025, generó controversia por un artículo que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales, pero Sheinbaum anunció el 8 de mayo la eliminación de dicha disposición para garantizar la libertad de expresión. La ley también prohíbe la transmisión de propaganda extranjera, salvo contenido cultural o turístico, en respuesta a campañas como la antiinmigrante de Estados Unidos difundida en medios mexicanos.
Con 283 artículos y 27 transitorios, la reforma sustituye a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, considerada un éxito por reducir precios de telefonía en un 49.5% y aumentar las líneas móviles en 95.2 millones durante la existencia del IFT. Sin embargo, la nueva legislación prioriza la cobertura social sobre criterios económicos en la asignación de espectro, permitiendo a entidades como la Comisión Federal de Electricidad ofrecer servicios directamente. Además, reserva frecuencias de radio AM y FM para emisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, que podrán comercializar hasta 40 segundos de publicidad local por hora.
Peña Merino afirmó que la reforma es “una ley para conectar”, enfocada en cerrar brechas de acceso y fortalecer la autonomía tecnológica del país. La iniciativa, que aún requiere aprobación final en el Congreso, busca unificar la infraestructura tecnológica del gobierno y digitalizar trámites, alineándose con los objetivos de la Agencia de simplificar procesos y combatir la corrupción.
