Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló en la Mañanera que, entre 2024 y lo que va de 2025, se identificaron 193 determinaciones judiciales que beneficiaron a presuntos delincuentes.
Estas resoluciones, emitidas por diversos órganos jurisdiccionales, derivaron en 164 liberaciones por cambios en medidas cautelares, dos egresos definitivos y 27 traslados irregulares a otros centros penitenciarios. Como consecuencia, más de 100 personas procesadas por delitos graves, como secuestro, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada, regresaron a las calles.
El secretario destacó que los traslados se realizaron sin cumplir las formalidades procesales y, en muchos casos, contraviniendo evaluaciones de la Secretaría de Seguridad que consideraban inviables dichas movilizaciones debido a la peligrosidad de los reclusos. Los delitos de alto impacto de estas personas exigían medidas de seguridad específicas que no se respetaron, ya que varias fueron enviadas a penales de mínima seguridad.
García Harfuch señaló el caso del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien resolvió medidas que facilitaron la liberación de procesados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. El secretario enfatizó que estas decisiones judiciales, lejos de proteger a la sociedad, han generado un impacto negativo en la seguridad pública y en la justicia para las víctimas de la violencia.
