El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 105 votos, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que autoriza a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México (Banxico), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a portar armas de fuego para funciones de seguridad, siempre que acrediten su necesidad y cumplan con los requisitos establecidos. La iniciativa, enviada al Ejecutivo para su promulgación, modifica 57 artículos de la ley.
La reforma permite a ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo poseer un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre en sus domicilios para legítima defensa, previa acreditación de su actividad rural. También prohíbe a personas ajenas a las Fuerzas Armadas poseer, portar o usar armas, cargadores, municiones, materiales, accesorios, ingenios o vehículos blindados, así como vehículos particulares modificados con blindaje o adaptados para armamento.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controlará la autorización, negación, suspensión o cancelación de permisos para portar armas automáticas de calibre 7.62 mm o superiores. Además, se amplía el catálogo de armas de uso exclusivo del Ejército y se prohíbe la fabricación, uso y portación de armas tridimensionales elaboradas artesanalmente.
La reforma establece que los tres niveles de gobierno deberán realizar campañas educativas sobre materiales explosivos, pirotécnicos y sustancias químicas, informando sobre los riesgos de su manipulación. También obliga a los poseedores de armas a designar un responsable para tramitar el destino final del arma en caso de fallecimiento, evitando su abandono o ingreso al mercado ilegal.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, destacó que la reforma refuerza el control estatal sobre armas y explosivos, actualiza la clasificación de armamento, define condiciones claras para su posesión y promueve campañas de desarme y cultura de paz. El dictamen, propuesto originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca fortalecer la seguridad de áreas estratégicas y la seguridad pública.
