A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 muertos y 27 heridos, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre un posible “carpetazo” en el proceso penal contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), señaló que la reciente confirmación de un tribunal de apelación para otorgarle a Garduño una suspensión condicional del proceso por ejercicio ilícito del servicio público genera preocupación entre las víctimas y sus representantes, quienes temen que el caso quede en la impunidad.
Las críticas se intensificaron tras el anuncio de Garduño sobre una disculpa pública programada inicialmente para el 16 de abril, sin consultar previamente a las víctimas. Tras la intervención de las organizaciones, el juez ordenó posponer el acto al 2 de mayo, exigiendo que cumpla con estándares internacionales, como realizarse cerca de la estación migratoria, garantizar la presencia de víctimas con viáticos cubiertos y ofrecer traducción a lenguas indígenas como K’iche’ y Q’anjob’al. Sin embargo, Valdez cuestionó si los recursos para estos traslados saldrán del propio Garduño o del erario, y destacó que la compensación a las víctimas, hasta ahora cubierta por el gobierno, no cumple con la reparación integral que el imputado debería asumir personalmente.
Pese a los avances en la organización del acto, las organizaciones consideran que el proceso está marcado por irregularidades. Valdez lamentó que la investigación de la Fiscalía General de la República no haya profundizado en otros incendios ocurridos bajo la gestión de Garduño ni en las condiciones que propiciaron la tragedia. Con un amparo en curso contra la suspensión condicional y 11 personas más procesadas por el caso, las víctimas insisten en que la justicia no debe limitarse a gestos simbólicos, mientras el riesgo de un cierre precipitado del caso persiste.
