La polémica entre el gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) escaló tras el pronunciamiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que por primera vez activó un procedimiento internacional para analizar la situación en México. El organismo señaló que las desapariciones forzadas en el país se realizan de manera “general o sistemática”, lo que desató una fuerte reacción de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. En redes sociales, la exsecretaria de Gobernación acusó al Comité de actuar con parcialidad y sin pruebas objetivas, defendiendo que, desde 2018, el gobierno federal no ha incurrido en violaciones a derechos humanos ni encubierto a autoridades responsables.
Por su parte, Alcalde afirmó que las críticas de la ONU tienen un trasfondo político e ideológico, sugiriendo que el organismo rechaza a “gobiernos progresistas y cercanos a la gente”. Esta postura fue respaldada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que también desestimaron el informe. La CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, calificó las observaciones como “descontextualizadas” y alejadas de las verdaderas causas de las desapariciones en México, mientras que Segob negó cualquier implicación oficial en estos crímenes. La controversia se da en un momento crítico, tras el hallazgo de un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco, que ha puesto de nuevo el foco en la violencia y las desapariciones.
La respuesta conjunta del gobierno y sus aliados refleja una defensa unificada ante las acusaciones internacionales, aunque el señalamiento de la ONU subraya la gravedad de un problema que sigue afectando a miles de familias. Mientras el debate continúa, la activación de este mecanismo internacional marca un precedente histórico para el país y pone en tela de juicio los avances en materia de derechos humanos durante la actual administración.
