El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca determinó que los dirigentes del Partido Nueva Alianza Oaxaca, Angélica Juárez Pérez y Bersahín López, incurrieron en violencia política en razón de género y obstrucción al ejercicio del cargo contra la exdiputada local y coordinadora del Movimiento de Mujeres de dicho partido, Adriana Altamirano Rosales.
En sesión pública, el Pleno del Tribunal consideró que las pruebas presentadas evidencian un patrón de exclusión, presión e intimidación hacia Altamirano Rosales. Se identificaron acciones como la remoción indebida de su cargo, omisión en la expedición de su nombramiento, exclusión de actividades y redes institucionales, negativa de pago de dietas, falta de asignación de oficina y envío de mensajes con connotaciones sexuales y denigrantes.
El Tribunal ordenó al Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza Oaxaca establecer una dieta mensual para Altamirano Rosales, retroactiva desde que concluyó su función como diputada local, y asignarle un espacio físico adecuado para el desempeño de sus funciones. Además, se dio vista a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que actúen conforme a sus competencias.
Por su parte, Nueva Alianza Oaxaca informó que, en Asamblea Extraordinaria y por unanimidad de votos, el Consejo Estatal determinó la expulsión irrevocable de Adriana Altamirano Rosales. Según el comunicado del partido, la decisión se basa en violaciones trascendentales a los principios y valores institucionales, así como a las obligaciones establecidas en sus documentos básicos, en las que Altamirano Rosales habría incurrido de manera reiterada. Asimismo, el partido señaló que la expulsión se resolvió considerando investigaciones en curso por parte de las instituciones de seguridad y justicia del estado.
Nueva Alianza Oaxaca reiteró su compromiso con un ejercicio político responsable, ético, honesto y equitativo, rechazando todo acto delictivo y de violencia, e hizo un llamado a sumar esfuerzos para garantizar entornos seguros y pacíficos en la vida política y social del estado.
