Las madres buscadoras en México enfrentan un panorama alarmante de violencia, criminalización y revictimización mientras realizan una labor que debería corresponder al Estado. Según datos de Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025, al menos 24 personas buscadoras han sido asesinadas y cuatro se encuentran desaparecidas, con Guanajuato, Michoacán y Sonora entre los estados con más casos registrados. Organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de desacreditarlas y estigmatizarlas, en un contexto donde el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Jalisco, ha detonado discursos que ponen en duda su trabajo y exponen su seguridad.
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, subraya que, a pesar de una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección a personas buscadoras, no se ha implementado un mecanismo específico para su seguridad. Además, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha documentado agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio y vigilancia ilegal contra estos colectivos. María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesas Guerreras, denuncia que ha recibido al menos 13 amenazas de muerte por su labor, reflejando la desprotección en la que se encuentran.
En paralelo, discursos desde diversos niveles de gobierno han contribuido a la revictimización. Tras el hallazgo en Jalisco, autoridades y actores políticos han puesto en duda los testimonios de las madres, señalando la necesidad de “evidencia científica” y sugiriendo que el colectivo Guerreros Buscadores exageró los hechos. En redes sociales, incluso, han circulado amenazas veladas atribuidas a grupos criminales, desacreditando su trabajo. Para la investigadora Andrea Horcasitas, esta criminalización legitima la violencia contra ellas y mantiene la impunidad, mientras la falta de un enfoque integral de seguridad sigue dejando a estas mujeres en una situación de alto riesgo.
