En un proceso electoral que debería regir los principios de transparencia y equidad, se han puesto de manifiesto graves irregularidades en la elección del nuevo director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Según denuncias y material de audio obtenido por esta redacción, el actual director, Leodegario Fabián Medinilla, habría manipulado el proceso para favorecer sus intereses, en complicidad con altos funcionarios de la institución, incluyendo al rector Cristian Carreño.
El maestro Ulises Carreño, quien presentó su solicitud para participar en el proceso electoral, fue excluido de manera arbitraria. Las razones esgrimidas para negar su registro se fundamentan en supuestos cuestionamientos a su honorabilidad, argumentos que resultan poco claros y carentes de sustento comprobable. Esta situación abre la puerta a interrogantes sobre la legitimidad y la integridad del proceso, evidenciando una clara falta de objetividad en la selección de los candidatos.
Lo que hace aún más grave este escenario es el contenido de un audio filtrado, en el que se escucha a Leodegario Fabián Medinilla amedrentando a la profesora Monserrat Zapata Gordillo, consejera técnica de la facultad. Según la grabación, cuando la profesora intentó ejercer su derecho a renunciar al cargo, el director le dejó en claro que no podría abandonar sus funciones docentes si no aceptaba apoyar su estrategia para excluir a Ulises Carreño.
El audio no solo expone una presión autoritaria y violenta, sino que además evidencia una agresión de género en la forma en que se dirigió a Zapata Gordillo. La amenaza, que incluye la frase “su cabeza rodará”, no puede interpretarse de otra forma que como un claro acto de violencia contra una mujer, que utiliza su posición de poder para coartar la libertad y dignidad de una funcionaria académica. Este hecho resulta inaceptable en cualquier ámbito, y más aún en el de una institución educativa que debe promover valores democráticos e igualitarios.
Resulta inquietante que el director haya justificado sus acciones alegando un supuesto “acuerdo” con el rector Cristian Carreño, lo que sugiere la existencia de una coordinación de altos mandos en aras de mantener estructuras de poder poco transparentes. Esta relación de complicidad entre el director y el rector no solo compromete la integridad del proceso electoral, sino que también pone en tela de juicio el liderazgo de la institución.
Las declaraciones y amenazas escuchadas no pueden pasar inadvertidas ante el contexto de violencia institucional y de género. La conducta de los involucrados refleja una alarmante falta de compromiso con los principios éticos y democráticos que deberían regir la vida académica. Resulta imperativo que la comunidad universitaria y las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para garantizar la protección de los derechos de los funcionarios y, en especial, de las mujeres que integran la institución.
Ante estos hechos, es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. La sociedad y la comunidad universitaria demandan transparencia, justicia y, sobre todo, el cese inmediato de cualquier forma de violencia, especialmente aquella dirigida contra la mujer.
