Con el propósito de cerrar la brecha de desigualdad de género, garantizando un trabajo digno y justo para quienes tienen a su cargo el cuidado de hijas e hijos con alguna discapacidad, la diputada Cecilia Olivia Cruz Merlín, presentó la iniciativa para reformar la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, bajo los principios de igualdad, equidad, derechos humanos e inclusión.
Al reformar el párrafo tercero del artículo 21 del citado ordenamiento jurídico, se otorgará no solamente a las madres, sino también a los padres trabajadores un permiso remunerado de hasta ocho semanas, asimismo, se reconoce el derecho de ambos progenitores a solicitar la implementación de horarios flexibles, o en su caso, la posibilidad de trabajar de forma remota con el fin de facilitar la atención y el cuidado de sus hijas e hijos.
Al hacer uso de la palabra, la congresista explicó que la falta de condiciones laborales flexibles para madres y padres con infancias con discapacidad es una causa de desempleo. Y se estima que, en Oaxaca, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más de 50 mil niñas y niños tienen alguna discapacidad, lo que hace necesario fortalecer las medidas de apoyo para las familias cuidadoras.
Explicó que esta iniciativa no solo conlleva un tema de flexibilidad laboral, sino de justicia social y modernización del sistema jurídico local en favor de la equidad de género.
Mencionó que la legislación vigente en el estado contempla permisos especiales para las madres trabajadoras en casos de tener a hijas e hijos con alguna discapacidad o con necesidad de atención hospitalaria, pero no se contempla a los padres de familia, tampoco establece medidas adicionales que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, como el trabajo remoto o elegir sus horas de trabajo dentro de ciertos límites, siempre y cuando la naturaleza de sus actividades se los permita.
Cruz Merlín detalló que generalmente las mamás y papás que se dedican a la crianza bajo las circunstancias antes expuestas enfrentan retos específicos pues deben combinar su empleo con los cuidados intensivos, como el acudir a citas médicas, terapias y brindar apoyo constante, “y sin una legislación en la materia que les permita acceder a horarios flexibles o trabajo remoto enfrentan la decisión de abandonar sus trabajos”.
En este sentido refirió que en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como, en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece la obligación de los estados a garantizar las condiciones laborales justas para quienes tienen a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad.
La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo Tercero del artículo 21 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social.
