La brecha salarial de género persiste en México, afectando a mujeres de diversas profesiones y niveles educativos. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las mujeres ganan en promedio un 15 por ciento menos que los hombres, disparidad que se amplía al 20 por ciento en el sector informal.
Esta desigualdad salarial limita la autonomía económica de las mujeres, afectando su capacidad de ahorro y acceso a bienes y créditos.
A nivel global, el Informe Global de la Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial destaca que, aunque se han registrado avances en la reducción de la brecha de género, estos cambios son lentos y desiguales.
En México, la participación de las mujeres en la economía remunerada sigue siendo significativamente menor que la de los hombres, con una tasa del 46 por ciento frente al 77 por ciento masculina.
Esta baja participación laboral femenina impacta negativamente en el crecimiento económico del país, ya que se estima que México tardaría 56 años en alcanzar la participación económica que tienen hoy los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
En respuesta a esta problemática, el Congreso de la Unión ha comenzado a abordar la desigualdad salarial con varias propuestas legislativas. Estas iniciativas buscan cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres, en línea con los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente firmó un conjunto de leyes para blindar los derechos de las mujeres mexicanas, incluyendo la igualdad salarial
Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha reafirmado su compromiso para eliminar la brecha salarial en la capital, implementando políticas públicas que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral.
A pesar de estos esfuerzos, la persistencia de la brecha salarial refleja la necesidad de implementar políticas públicas efectivas que promuevan la igualdad de género en el ámbito laboral.
