En una acción sin precedentes, el gobierno mexicano extraditó a 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos, incluyendo a figuras prominentes como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Esta medida se produjo en medio de negociaciones entre funcionarios de seguridad mexicanos y el equipo del presidente Donald Trump en Washington, con el objetivo de evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a las importaciones mexicanas, programados para entrar en vigor el 4 de marzo.
Los extraditados, vinculados a cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentan cargos que van desde tráfico de drogas hasta homicidio. El traslado se llevó a cabo desde diversos centros penitenciarios mexicanos hacia ocho ciudades estadounidenses, marcando un hito en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.
Analistas en seguridad interpretan esta acción como una respuesta directa a las presiones de la administración Trump, que ha amenazado con aranceles si México no intensifica sus esfuerzos contra el narcotráfico, especialmente en relación con el fentanilo. La extradición de Caro Quintero, buscado por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985, representa un logro significativo para las autoridades estadounidenses y podría indicar un cambio en la estrategia mexicana hacia una mayor colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad.
