El gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, ha lanzado una estrategia dirigida a la «eliminación total» de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Bondi, quien asumió el cargo el 4 de febrero, ha instado al Departamento de Justicia a adoptar un enfoque más agresivo contra estas entidades. Según un memorando emitido por su oficina, se busca no solo mitigar los daños causados por estos grupos, sino erradicarlos por completo, enfatizando la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles del Departamento de Justicia y colaborar estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales.
Entre las medidas propuestas, se contempla agilizar los procesos judiciales contra líderes de cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentando cargos por terrorismo y considerando la aplicación de la pena de muerte.
Esta postura ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió instando a Estados Unidos a abordar primero sus propios problemas de criminalidad organizada antes de intervenir en asuntos externos.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense marca un cambio significativo en la política de seguridad internacional, fusionando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Esta decisión otorga al combate contra el narcotráfico una extraterritorialidad y discrecionalidad sin precedentes, permitiendo la intervención directa del ejército estadounidense en lugar de depender únicamente de agencias como la DEA.
Estas acciones reflejan una escalada en los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de su territorio, buscando eliminar las amenazas que representan para la seguridad nacional.
