El Congreso de la Ciudad de México analiza dos iniciativas que buscan limitar la portación y el uso de teléfonos celulares, así como de redes sociales, en planteles de educación básica públicos y privados. La primera, presentada el año pasado por la diputada Laura Álvarez, reforma la Ley de Educación local para que las autoridades educativas establezcan protocolos que prohíban el uso de equipos de telefonía celular durante la estancia de los alumnos en las escuelas, con sanciones a quienes permitan su utilización.
La segunda, turnada la semana pasada por el diputado Israel Moreno, propone modificar la Constitución local para que el sistema educativo regule el empleo de tecnologías digitales y redes sociales en espacios educativos dirigidos a menores de 15 años, además de restringir en la Ley de Educación el uso de celulares y redes en ese mismo grupo etario en instituciones públicas y privadas.
Las propuestas responden a efectos negativos asociados con el uso inadecuado de dispositivos electrónicos, entre ellos déficit de atención, bajo rendimiento académico, trastornos de alimentación, conductas agresivas, adicción a pantallas, bullying y, en casos extremos, suicidio. La pediatra Adriana Rodríguez López, del movimiento No es Momento, respalda estas medidas y promueve acuerdos para aplazar el acceso propio a teléfonos inteligentes hasta los 14 años y a redes sociales hasta los 16, al argumentar que la exposición constante agrava problemas como el acoso digital 24 horas y el acceso prematuro a contenidos inadecuados, incluida pornografía desde los 9 años.
Ambas iniciativas permanecen en comisiones de la Comisión de Educación, presidida por la diputada Patricia Urriza, quien informó sobre su estado actual. No se precisan excepciones adicionales ni sanciones específicas en la propuesta más reciente, mientras que las discusiones se centran en proteger la salud mental y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en entornos escolares.
