Todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Estatal que hayan ocupado un puesto, cargo o comisión durante el año 2023 o en años anteriores y que continúen en actividad, están obligados a presentar la declaración de modificación de su patrimonio correspondiente al año 2024 ante la «Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública durante el mes de mayo.»
Esta responsabilidad es aplicable a todos los empleados gubernamentales que ocupen puestos desde el primer nivel del escalafón, jefe de departamento o equivalente, así como al personal contratado por honorarios que tenga funciones comparables a los mandos medios y superiores, y que estén a cargo de la gestión de recursos materiales, humanos, financieros, información confidencial u otros documentos justificativos.
Los funcionarios que no presenten la declaración patrimonial o lo hagan fuera del plazo establecido serán objeto de sanciones que pueden incluir amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión por un período de uno a 30 días naturales, destitución o inhabilitación temporal para ocupar cargos en el servicio público, así como la prohibición de participar en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de tres meses a un año.
La Declaración Patrimonial y de Intereses es un instrumento clave en la prevención de la corrupción y en la rendición de cuentas en la función pública. A través de este mecanismo, se verifica la congruencia entre los ingresos y egresos declarados, lo que facilita la detección de posibles casos de enriquecimiento injustificado.
La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública es la autoridad competente, según lo establecido en la Ley, para supervisar la evolución del patrimonio de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Declaración Patrimonial.
