Locatarios del Mercado Benito Juárez Maza han expresado su malestar ante lo que consideran un acto de favoritismo por parte de la maestra Amira Martínez Cruz, directora de Mercados Públicos de la Ciudad de Oaxaca, y Apolonio García Zúñiga, administrador del citado mercado, durante los últimos días de su administración.
La controversia comenzó cuando, según los denunciantes, ambos funcionarios otorgaron un permiso a la señora Oliva Laura Pérez, originaria de Ocotlán de Morelos, para la instalación de una nueva caseta en el área del mercado. La señora Pérez, quien se dedica a la venta de productos del campo como chapulines, chicatanas, cacahuates, entre otros, se sumaría a los comerciantes del lugar, lo que ha generado preocupación entre los locatarios actuales.
El principal conflicto radica en que esta acción afectaría directamente a Martha García Abad, concesionaria del local 163, quien durante más de 50 años ha estado vendiendo su mercancía en ese mismo espacio. García Abad, quien es una mujer de más de 70 años, asegura que su negocio ha sido completamente legal y que cuenta con todos los documentos en regla para operar en el mercado.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que los funcionarios están presionando a la señora García para que retire sus cortinas de fierro, lo que implicaría una afectación directa a su fuente de ingresos y una vulneración a sus derechos como concesionaria. Aseguran que esta medida no solo afecta su seguridad, sino que también podría poner en riesgo la estabilidad de su negocio tras más de cinco décadas de operación.
Los locatarios exigen una pronta solución a este conflicto y advierten sobre las consecuencias de dejarlo crecer de manera irresponsable. Además, temen que esta situación sea heredada al nuevo administrador, Ray Chagoya, quien asumirá las riendas del mercado en breve.
Los comerciantes también señalan que la acción de los funcionarios podría ser una violación a los derechos humanos de Martha García, una mujer de la tercera edad que ha dedicado su vida al comercio en el mercado. Exigen que las autoridades competentes intervengan y garanticen el respeto a sus derechos, así como la transparencia en la toma de decisiones respecto a la reubicación de comerciantes dentro de este espacio público.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a esta denuncia, pero los locatarios han solicitado que se tomen medidas inmediatas para resolver el problema sin que se vean afectados los derechos de los comerciantes establecidos, sobre todo en el caso de la señora García Abad.
