Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha (CNPL) y de la Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia (CCRJ) exigieron ayer la presentación con vida de Jorge Antonio Procopio y su hermano Saúl Antonio Procopio, sustraídos por hombres armados alrededor de las 15:00 horas del 12 de marzo en la colonia San Juan del Río, municipio de Santa María Jacatepec, región de la Cuenca, Oaxaca. Según la denuncia, dos vehículos sin placas irrumpieron en el domicilio familiar; los sujetos encapuchados sometieron, golpearon y se llevaron a los hermanos, mientras encañonaban a familiares que incluían niños y personas de la tercera edad. Minutos antes, testigos habían observado a dos individuos grabando al activista, un automóvil negro realizando rondines y un mototaxi con tres sujetos vestidos de negro filmando en la zona, lo que activó alertas comunitarias por altavoces y generó un clima de zozobra en la localidad.
Jorge Antonio Procopio, indígena chinanteco originario de Vega del Sol, es un destacado defensor del territorio que, junto con otras siete familias, mantiene desde hace dos años una resistencia pacífica contra el intento de despojo de sus tierras en la colonia. Las organizaciones aclararon que sus compañeros no participaron en las recientes movilizaciones de Jacatepec y que su única acción ha sido la defensa comunitaria del predio. Inmediatamente después de los hechos, a las 15:30 horas, notificaron a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobierno; sin embargo, hasta este momento no se reporta paradero ni detención oficial, ni se han activado protocolos de búsqueda y localización.
En este sentido, las agrupaciones plantearon exigencias concretas: la aparición inmediata con vida de ambos hermanos, la garantía de integridad física y seguridad para sus familias y demás integrantes de la organización en la región de la Cuenca, así como la instalación de una mesa de diálogo resolutiva con las autoridades. Además, criticaron la falta de seguimiento de la Defensoría de los Derechos Humanos pese a la notificación telefónica y la retención de la esposa de uno de los activistas durante ocho horas en la agencia de Tuxtepec para rendir declaración. Responsabilizan al gobierno estatal y a la fiscalía por cualquier afectación a los hermanos y solicitaron que la investigación priorice la línea vinculada a la defensa de la tierra, sin descartar otras posibles causas que las autoridades deben transparentar.
