Por: Guillermo Ramón Ramírez
Edgar López García, abogado de Juan Antonio Vera Carrizal, imputado en el caso de María Elena Ríos dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ha cometido una aberración jurídica en este caso, nunca antes vista.
Para nosotros el imputado sigue secuestrado al no haberse permitido su libertad después de un fallo de absolución, mediante una figura jurídica que no existe, ya que un juez del mismo grado no puede desechar una determinación de la misma competencia, por lo que este hecho es aberrante ya que tendría que ser una sala del Tribunal quien tiene la competencia, señaló ante medios de comunicación.
El abogado que encabeza al equipo de especialistas en derecho que fungen como defensores del imputado, detalló algunos de los errores en los que el Ministerio Público de la causa y la Fiscalía del Estado, mostraron durante el desarrollo del proceso y puso como ejemplo los errores en el seguimiento de las llamadas telefónicas de Vera Carrizal; también donde un perito médico, la primera en llegar a donde la afectada recibía atención médica, determinó que las lesiones no ponían en peligro su vida, entre otras; así mismo indicó que pedirán el apoyo de las Barras de Abogados para contrarrestar la intervención del estado en el caso y darán seguimiento a otros recursos legales.
Finalmente, el abogado Edgar López García anunció un movimiento nacional para denunciar el abuso de autoridad de la Fiscalía del Estado y el Tribunal Superior de Justicia para impedir el ejercicio de la libertad nunca antes visto y lamentó que la determinación del Tribunal primero se filtrara a medios antes de realizarse la notificación legal correspondiente.
Mencionó que la denunciante, María Elena Ríos Ortiz, ha pedido una reparación económica de 85 millones de pesos, una cifra exorbitante, agregó al lamentar que esto no lo ha dicho la afectada, por el contrario, acusa que se trata de una campaña sucia.
“Tal parece que este caso lo quieren litigar en la prensa, situación que vulnera los principios jurídicos”, apuntó, al anunciar un movimiento con la comunidad de litigantes para denunciar las diversas inconsistencias que imperan el TSJO.
Del caso ha tomado conocimiento la Embajada de Estados Unidos en México, una vez que Juan Antonio Vera Carrizal es ciudadano estadounidense.
Sobre el caso el Tribunal Superior de Justicia ha notificado en las últimas horas a la defensa, una cita para el próximo 21 de agosto y dar seguimiento al caso.