El Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Tuxtepec, Oaxaca, resolvió no anular los ejidos Rafael Cal y Mayor y Canaán, ubicados en la región de Los Chimalapas, territorio en disputa entre las comunidades zoques de Oaxaca y ejidatarios de Chiapas. En su decisión, el TUA argumentó que el conflicto se originó por un error de las anteriores autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al avalar la creación de estos ejidos dentro de tierras comunales.
El Tribunal solicitó al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), corregir este problema, el cual ha permanecido sin solución durante 57 años, afectando a ambas partes.
La comunidad indígena zoque de San Miguel Chimalapa, representada por el presidente de los comuneros, Vidal López Hernández, manifestó su rechazo al fallo. López Hernández afirmó que la comunidad no permitirá que los ejidatarios de Rafael Cal y Mayor se apropien de 7,400 hectáreas, ni que el ejido Canaán conserve 2,300 hectáreas más de tierras comunales.
“Los ganaderos y talamontes han provocado un daño ambiental y social en esta región, y no podemos permitir que se consolide este atropello a nuestros derechos comunales”, señaló López. Asimismo, informó que realizarán acciones jurídicas y políticas para defender su territorio.
El conflicto por Los Chimalapas data de más de cinco décadas, tiempo durante el cual las comunidades zoques han denunciado invasiones, tala ilegal y actividades ganaderas que, aseguran, han afectado gravemente el ecosistema de una de las áreas naturales más importantes de México.
Por su parte, los ejidatarios de Chiapas sostienen que poseen títulos de propiedad legalmente reconocidos por autoridades federales en su momento, lo que, según su perspectiva, les otorga derecho sobre las tierras en disputa.
Con este fallo, la disputa agraria entre Oaxaca y Chiapas no parece estar cerca de resolverse. Mientras las comunidades zoques anuncian nuevas movilizaciones y estrategias legales, el llamado del Tribunal a Sedatu para intervenir sugiere que el conflicto requiere una solución integral que respete tanto los derechos comunales como los ejidales, en un marco de legalidad y conciliación.
El resultado de este prolongado conflicto no solo afectará a las comunidades directamente involucradas, sino que también podría sentar un precedente en otros litigios agrarios del país.
