Durante la mañanera de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presentó un informe en el cual desmintió las acusaciones de supuestas investigaciones en contra de los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.
“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que diariamente se producen para la UIF. En este marco, la UIF recibe y recibirá información de Carlos Loret de Mola y de su socio en su propia empresa. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, a juicio de la UIF, ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus”, puntualizó el funcionario.
“De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola, ya que no aparece como accionista, codueño, manager, o gerente de un consorcio empresarial llamado Latinus. Independientemente de que él, junto a otras personas, les preste servicios y les cobre, Latinus es un consorcio en sí mismo; no forman parte del mismo los periodistas que trabajan ahí», aclaró Gómez.
El titular de la UIF subrayó que la denuncia contra Latinus no incluye a ningún periodista ni profesional de la comunicación, y destacó la política del gobierno y el artículo 7° que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio.
“Latinus se encuentra integrado por cinco empresas, estas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas, recibiendo a cambio productos farmacéuticos y servicios de salud que funcionan para eso” describió el titular del UIF para puntualizar que: “El dinero proviene de manera directa de Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, y de manera indirecta a través de estos negocios de salud del Estado de México, Michoacán e Hidalgo, señalando cantidades significativas desde el año 2019 de 2,400 millones de pesos. Se ha denunciado este consorcio por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción desde 2021, no es una cosa reciente”.
Gómez también se comentó respecto a las acusaciones de persecución: “No se trata de persecuciones, menos contra personas que tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. El gobierno ha evitado utilizar la vía judicial para evitar la calumnia, y el hecho de que haya sido así, como se hace en casi todo el mundo, es porque el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas nunca lo había tenido».
Finalmente, el funcionario mando un mensaje a Loret de Mola: “Le quiero responder al periodista que dijo que yo lo perseguía por expresión cuando vengo del movimiento del 68, es decir, la generación que desde los 60s luchó por las libertades en México. No tengo nada de qué avergonzarse, ni dar explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Este es el caso, porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso, con recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni publicidad, sino en medicinas y atención médica”, concluyó Gómez.
