La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras a respetar las leyes y no vulnerar el Estado de derecho, luego de que la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, ya que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a la Constitución Política.
“¿A qué estamos llamando? A que cumplan la ley, los jueces y juezas son los primeros que deben de dar ejemplo del cumplimiento de la ley y no la cumplen; por eso es la reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial, porque corrupción es tanto quien recibe dinero para hacer una sentencia, como quien viola la ley; entonces, la jueza está violentando su propio carácter, por eso hay una reforma constitucional’’, manifestó en la conferencia matutina “Las mañaneras del Pueblo”.
Tras informar que la reforma al Poder Judicial cumplió en tiempo y forma todos los procesos que marca la legalidad, anunció que una vez que sea notificada sobre la resolución de la jueza que ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial en el DOF —un hecho que no había ocurrido en los últimos 30 años—, el Gobierno de México, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal para dar a conocer que se están violentando las leyes, así como al Congreso de la Unión para preguntar la legalidad de este amparo.
Resaltó que los amparos que se han interpuesto contra la reforma judicial son intentos fallidos e improcedentes de jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que intentan mantener sus privilegios sobre la voluntad ya marcada por el pueblo de México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la reforma al Poder Judicial es una necesidad derivada de que jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados suelen cometer actos que afectan la impartición de justicia, por ejemplo, mediante la liberación de delincuentes; tal es el caso de Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien se le otorga un amparo por el juez Juan Pedro Contreras para dejar sin efecto la prisión preventiva, o el de Francisco Javier N., exgobernador de Tamaulipas, cuya orden de aprehensión no se acató por un amparo concedido por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega.
Destacó otras acciones que ponen en duda el actuar del Poder Judicial, como no emitir sentencia para seis mil 97 personas privadas de la libertad de 21 mil detenidos que existen en el país; otorgar amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas, tales como a la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el Tren Maya o los libros de textos gratuitos del ciclo escolar 2023-2024.
También mencionó la injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales, como el recurso interpuesto por el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) y admitido por la ministra Norma Piña para que la SJCN interpretara y definiera criterios para la asignación de diputaciones plurinominales; procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición en 186 mil pesos, así como el nepotismo dentro de las instituciones de impartición de justicia, donde 49 por ciento, equivalente a la mitad del personal, tiene al menos un familiar en el PJ.
Destacó que, en la actualidad, jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras tienen salario y prestaciones superiores a las que marca el artículo 127 de la Constitución: un consejero de la judicatura gana hasta cinco millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado recibe cuatro millones 490 mil, 441 pesos al año, y un juez de distrito cuatro millones 050 mil 903, sin importar que tengan denuncias, quejas o sanciones en su contra, como es el caso de la jueza Nancy Juárez, que ha sido señalada por desempeño deficiente, nepotismo y acoso laboral.
