Por: Luz Palacios
La controversia que ha causado el despido de los mil 344 trabajadores de base del Gobierno del Estado de Oaxaca, llegó hasta la Cámara de Diputados federal, donde legisladores alzaron la voz, presuntamente para defender a los trabajadores, pero su denuncia rebotó en algunos de sus propios intereses.
Tal es el caso de la diputada Margarita García García (PT), quien en conferencia de prensa expresó su respaldo a los sindicalizados que perdieron el empleo, luego de la iniciativa enviada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al Congreso del estado.
Sin embargo, los dichos de la legisladora con respecto a esta medida, según se evidenció en redes sociales, no es en defensa de los despedidos propiamente, si no que, entre los ahora desempleados, hay familiares y personas cercanas a ella, situación que la hicieron hablar desde las vísceras.
“Gobernador Salomón Jara Cruz, demuestre un poquito de humildad, y devuelva las plazas a las trabajadoras y trabajadores, porque estos actos son irresponsables y lo único que hacen es hacer enojar a los trabajadores”.
Cabe destacar que la legisladora federal es integrante del grupo parlamentario del PT, aliados de Morena y la 4T y descalifica fuertemente las acciones emprendidas por el gobierno de Oaxaca.
Indicó que queda claro la falta de capacidad para gobernar Oaxaca de Jara Cruz, su falta de humanismo y, sobre todo, su falta de humildad para entender que una base trabajadora también tienen necesidad de trabajo y llevar comida a su casa.
García García señaló que el despido de las trabajadoras y trabajadores es un acto reprobable, vergonzoso, porque “quienes dicen que en Oaxaca son de la Cuarta Transformación hoy violentan los derechos de mil 344 trabajadores”, refiriéndose directamente al poder Ejecutivo y Legislativo.
Dijo a Salomón Jara que “éste es un acto irresponsable porque ordenó a la Comisión Permanente de la Administración Pública del Congreso de Oaxaca que inmediatamente convocara a que aprobarán este decreto en contra de los trabajadores”.
Llamó a las y los legisladores locales a no seguirse evidenciando, ya que las funciones del Estado y sus servidores públicos es la de garantizar los derechos de los trabajadores y entregar un entorno seguro y estable. “Están violentando los derechos de estos trabajadores, están entregando una inestabilidad económica y una afectación patrimonial que están viendo interrumpida su fuente de ingreso.
“Su obligación como servidores públicos es la de garantizar que todas las personas gocen de los derechos humanos, como es el del trabajo, el cual no podrá restringirse ni suspender las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales”, añadió.
